El juicio por presunta corrupción de Fernández se reanuda tras atentado
El juicio oral se reanudará en medio de un contexto diferente tras el ataque a la vicepresidenta, para quien pidieron 12 años de prisión.
El juicio oral al que es sometida la vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández, por presuntas irregularidades en la concesión de obras públicas durante su Gobierno (2007-2015), afronta este lunes el inicio de la fase de alegatos de su defensa.
El ataque sufrido el pasado jueves por la también exmandataria a las puertas de su domicilio en el barrio capitalino de Recoleta marca la nueva fase de este juicio, en la que deben comparecer los acusados ante el Tribunal Oral Federal (TOF) 2 de Buenos Aires.
Los abogados de Fernández deberán presentar los alegatos de su defensa dentro de dos semanas; por el momento, el que fuera presidente de la Administración General de Vialidad de la provincia de Santa Cruz (sur) de 2005 a 2006, Héctor Garro, será el primero en comparecer.
La Fiscalía había pedido tres años de prisión en suspenso por presunta administración fraudulenta para Garro, que se hará presente físicamente, mientras que el resto de los involucrados en la causa seguirá la audiencia por videoconferencia.
El juicio oral se reanudará en medio de un contexto diferente tras el atentado contra Cristina Fernández, para quien los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola pidieron 12 años de prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
De acuerdo con el cronograma de audiencias que fijó el TOF 2, Fernández tendrá que presentar su defensa el 19 de septiembre próximo y cada acusado tendrá hasta tres oportunidades para exponer sus alegatos.
La exmandataria está acusada de los delitos de asociación ilícita y administración fraudulenta de fondos públicos, debido a supuestas irregularidades en la concesión de 51 obras públicas a firmas del empresario Lázaro Báez durante su mandato y el de su marido, el ya fallecido Néstor Kirchner (2003-2007), en Santa Cruz, cuna política del kirchnerismo.
Tras el pedido de prisión de la Fiscalía, la vicepresidenta aseguró que no existen pruebas en su contra y que ninguno de los citados a declarar durante el juicio apoyó la versión de los fiscales, a quienes culpó de adoptar un “guion” de los medios de comunicación afines a la actual oposición política.
A mediados de agosto, Fernández consideró que “la sentencia ya estaba escrita”, responsabilizó al “lawfare” (guerra judicial o jurídica) y aseguró que ese proceso busca “disciplinar a la clase política”.
Durante una defensa que hizo pública en redes sociales, Fernández dijo: “Este partido judicial no solo va a estigmatizarnos a nosotros, los peronistas, los kirchneristas, nacionales y populares, (sino) que los va a proteger a ellos”.
En este sentido, la expresidenta había indicado que los 12 años de pedido de presión tienen que ver con “condenar” sus dos mandatos cumplidos y los cuatro años de su marido, el fallecido Néstor Kirchner (2003-2007).
“Este no es un juicio a Cristina Fernández, este es un juicio al peronismo, a los Gobiernos nacionales y populares”, aseguró entonces.
