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Costarricense lucha para evitar que le quiten a su hijo y lo envíen a Uruguay junto a su padre
Adriana se casó en su país con un militar uruguayo y se radicó aquí. Ante la violencia de su esposo huyó con el hijo de ambos.

El caso de Adriana Navarro y su hijo Benjamín, de 5 años ha generado controversia en el país centroamericano, especialmente por el reciente giro que el caso tuvo en los tribunales. De mantenerse el actual dictamen, el niño sería retirado a su madre y enviado contra la voluntad de esta hacia nuestro país, donde reside el padre del niño.

Según publica el periódico costarricense El Mundo, Navarro se casó en Costa Rica con un militar uruguayo. Al poco tiempo quedó embarazada y cuando estaba en el séptimo mes de gestación vino a Uruguay, donde nació Benjamín.

Posteriormente comenzó a sufrir violencia doméstica de forma permanente y cada vez más intensa, lo que la obligó a buscar protección judicial ante las autoridades uruguayas.

De acuerdo con el citado medio, la Justicia uruguaya dispuso entonces medidas de protección que reiteró luego de la confirmación de los hechos denunciados. Incluso, se incautaron 7 armas de fuego dentro de la casa del agresor, quien mintió a la policía sobre su existencia.

En medio de una situación de riesgo, con enormes dificultades económicas y sin red de apoyo familiar, Navarro aceptó en febrero de 2020 una invitación de su hermana para volver a Costa Rica con su hijo y recibir apoyo psicológico para ambos y terapia para Benjamín.

El viaje efectivamente se produjo, y posteriormente el padre del menor presentó un proceso de restitución internacional. El hombre alegó que el niño había sido sustraído ilegalmente aunque, de acuerdo con la nota del El Mundo, existía un permiso permanente de salida y además a la madre se le había otorgado la tenencia provisoria del menor.

En Costa Rica, la Juez de primera instancia que se ocupó del caso constató la situación de violencia que vivían madre e hijo, y consideró muy peligroso el retorno de Benjamín a Uruguay.

En el mismo sentido se pronunció en el país centroamericano el Patronato Nacional de la Infancia (PANI), institución que recomendó que Benjamín continuara con su madre, “ya que con ella no hay factores de riesgo o vulnerabilidad para el niño”.

El padre del pequeño apeló el dictamen y a partir de ese momento cambió el curso de la causa. El Tribunal de Familia de San José decidió revocar la sentencia anterior y, “sin escuchar al menor, sin importarles los antecedentes de violencia doméstica del padre y obviando las pruebas de que al lado de su madre Benjamín siempre ha estado en un entorno amoroso y seguro”, le ordenó al PANI tomar al menor y sacarlo del país” para devolverlo a Uruguay, algo que ocurriría esta semana.

Desde que se conoció esta segunda sentencia, Navarro hizo gestiones ante diversos organismos, como la Defensoría de los Habitantes, a la Dirección General de Migración y Extranjería, la Sala Constitucional y el ya mencionado PANI, pero sin éxito. Sólo el Instituto Nacional de la Mujeres (Inamu) se pronunció en su favor.

Como último recurso, la mujer presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos una solicitud de suspensión de la orden judicial.

La crónica detalla que este fin de semana Navarro fue notificada de que, en caso de no acatar el mandato judicial, “el PANI le quitará a su hijo en los próximos días y se lo llevará para dejarlo en las puertas del avión que lo mandará a Uruguay”.

 

 

 

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