Organizaciones sociales uruguayas denunciaron al Estado y UPM ante CIDH de la OEA
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA recibió el documento; denuncian irregularidades del Estado, el Parlamento y UPM.
Varias organizaciones sociales uruguayas denunciaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) al gobierno uruguayo y a la empresa privada UPM por los acuerdos firmados entre sí para la construcción de una tercera planta de celulosa que -entienden- “lesionan los derechos humanos de vecinos y de la población en general”.
“La denuncia la presentan vecinos de Durazno, 25 de mayo, Florida, Progreso, La Paz, Canelones, Peñarol, Sayago, Colón y el Municipio C de Montevideo, que se oponen al paso del tren de UPM por esas zonas densamente pobladas, junto con la Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida, el Movimiento por un Uruguay Sustentable, Redes AT de Uruguay y el Colectivo Ecofeminista Dafnias”, señala el comunicado al que accedió Montevideo Portal.
La denuncia presentada se basa en “irregularidades cometidas por el Estado, el Parlamento y UPM” para objetar el contrato firmado. Dicen que se “recurrió a las vías administrativas y judiciales para impugnar actos irregulares” sin obtener una respuesta.
“Los vecinos de las localidades atravesadas por el tren de UPM utilizaron una ley vigente para promover un cambio o decidirlo por una consulta popular, pero fueron ignorados”, señala el comunicado.
“En defensa de la dignidad, la integridad y los derechos de los uruguayos, llamamos a cumplir con los principios establecidos por las Naciones Unidas y ratificados por Uruguay, desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos, los tratados posteriores en esa materia, en especial, el Pacto de San José de Costa Rica y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales”, expresa la petición presentada al organismo interamericano.
Las organizaciones solicitaron a la comisión que se realiza una auditoría externa e independiente con el objetivo de evaluar el contrato firmado entre ambos y sus potenciales consecuencias en el ambiente, los derechos humanos y analizar lo que está ocurriendo actualmente en Uruguay con respecto al proyecto de la multinacional finlandesa.
“Esta denuncia se complementa con la presentada en febrero pasado al Comité del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CDESC) de la ONU por tres organizaciones sociales finlandesas sobre las consecuencias de las actividades de UPM en Uruguay y la responsabilidad de Finlandia en la actuación de empresas multinacionales cuya sede central se encuentra en ese país”, concluye el comunicado.
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