Más de 10 testimonios en contra y mensajes: Fiscalía avanza hacia imputación de Penadés
Alicia Ghione, fiscal a cargo de la causa, trabaja en la acusación. Aún resta saber qué tipo de medida cautelar solicitará.
La fiscal que investiga el caso de explotación sexual en contra del senador Gustavo Penadés y el profesor de Historia Sebastián Mauvezín se encuentra analizando las pericias recabadas mientras prepara lo que será la formalización de la investigación en contra de los dos acusados.
Según pudo saber Montevideo Portal en base a fuentes de la causa, son más de 10 testimonios que apuntan contra el legislador. Las personas, algunas de ellas en calidad de testigo y otras denunciantes, son de diversas edades y narran hechos tanto recientes como más alejados en el tiempo. Ghione, junto a su equipo, se encuentra desgrabando estas declaraciones para sacar lo sustancial.
A su vez, la Fiscalía está estudiando las pericias de los celulares de ambos acusados. El informante aclaró que estos elementos son importantes, pero destacó que con las declaraciones “ya basta” para formular a la Justicia un pedido de formalización de la investigación por explotación sexual.
Desde la Fiscalía consideran que entre la semana que viene y la próxima podrán presentar la acusación. Lo que resta saber es qué medidas cautelares va a solicitar Ghione: podría pedir prisión efectiva o domiciliaria.
Pruebas que no son
El próximo 12 de setiembre está prevista una audiencia a raíz del pedido del abogado Juan Carlos Fernández Lecchini, quien pretende que se pericie una serie de chats que entiende falsos. Este material fue el que circuló en redes sociales e involucra a Mauvezín y Penadés con menores de edad, según informó El Observador.
En Fiscalía consideran que esta audiencia no tendrá mayor relevancia, porque Ghione ya aclaró públicamente que estas conversaciones no forman parte de la carpeta de investigación que tiene el Ministerio Público.
La instancia judicial estará a cargo de la jueza Marcela Vargas. El pedido del defensor fue bajo el amparo del artículo 260 del Código del Proceso Penal, que indica que el imputado puede solicitar a Fiscalía el diligenciamiento de pruebas.
