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Policías canarios denunciaron al Ministerio del Interior por “persecución sindical”
Aducen que la cartera utilizó inteligencia para vigilar a un dirigente sindical; presentaron la denuncia ante la Dinatra y la Inddhh.

El presidente y secretario general del Sindicato de Policías Agremiados Canarios (Sidepac), Fernando Bazzano y Rudeber Buela, respectivamente, presentaron una denuncia contra el Ministerio del Interior en la Dirección Nacional de Trabajo (Dinatra) y la Institución Nacional de Derechos Humanos (Inddhh) por entender que hay “persecución sindical” ante la sanción a un funcionario que tiene fueros sindicales, informó Marcelo Umpiérrez y confirmó Montevideo Portal con fuentes del sindicato.

La denuncia, a la que accedió Montevideo Portal, señala que el efectivo además es socio, integrante y dirigente de la Coordinadora Nacional de Sindicatos Policiales (Conasip) y que desde el 2009 escribe sobre diferentes realidades y problemáticas de su ámbito laboral en las redes sociales, especialmente en Facebook.

“Entre sus análisis se hallan cuestiones normativas, ya que Barrios es estudiante de Derecho en la Udelar [Universidad de la República], cuestiones de reivindicación y su visión crítica de las acciones del movimiento sindical y sus protagonista, también brinda información extraoficial de las fechas de pago del salario y servicio 222, sin perjuicio de otras cuestiones o movidas solidarias”, consigna la denuncia.

En tanto, señalan que en abril el jefe del Cuerpo de Seguridad Legislativa le ordenó ir a su despacho, ubicado en el Palacio Legislativo, lugar donde se lo indaga en actas por sus publicaciones ya que el efectivo ejercía en el Cuerpo de Seguridad Legislativa desde el 9 de diciembre del 2020.

La denuncia sostiene que al jefe del cuerpo “le fue ordenada” la acción, según le comentó al efectivo en cuestión, dado que “no tenía conocimiento de su actividad sindical fuera del horario de servicio”. Acto seguido, le mostró “decenas de fotocopias e impresiones” con capturas de pantalla de las publicaciones.

Posteriormente, el dirigente sindical fue citado por un asesor del ministro del Interior, Luis Alberto Heber, para tener una reunión en la sede de la cartera. En esta instancia, dice la denuncia, se le informó que desde el ministerio “estaban visualizando como críticas indirectas” algunas de las publicaciones y que, por mandato, “se lo invitaba a reflexionar” sobre estas.

“Sorprendido por el planteo, explica que sus publicaciones son análisis de la realidad laboral y sindical, pero que en forma alguna buscan ser una crítica al Ministerio del Interior. Que lamenta que se infiera eso, porque no es el objetivo de las mismas. Agradeció la instancia y expresó que iba a reflexionar ya que no era un cabeza dura, pero que entendía que le asistía derecho a expresarse como socio, militante, dirigente e integrante del movimiento sindical sobre lo que hacen los sindicatos policiales”, señala el documento.

Un mes después, en junio, el efectivo fue trasladado del Cuerpo de Seguridad Legislativa a la Comunidad Educativa Segura, zona V, cuyo cambio le generó un perjuicio económico, dado que este percibía 16.500 pesos por integrar ese cuerpo, un beneficio que perciben los policías que integran la unidad de seguridad legislativa.

“Continuó prestando servicio en Comunidad Educativa Segura con normalidad hasta que el 20 de junio, ese día se lo notifica al ingresar al turno que debe presentarse en Departamento de Instrucciones Sumariales del Min. Interior. Una vez ahí se lo notifica del expediente 2022-4-1-0002354, donde deja en claro que había sido objeto de una investigación de urgencia por realizar publicaciones de carácter sindical en redes sociales. Lo que constituye un hecho grave de violación a las protecciones que dispone la ley 17940, art. 1 y 2do, para los dirigentes sindicales dentro del horario de trabajo y con conocimiento del empleador y, con misma intensidad, para aquellos trabajadores que mantienen actividad sindical fuera del horario de trabajo, hay además flagrante violación a tratados nacionales e internacionales ratificados por nuestro país en la materia”, menciona la denuncia.

No obstante, los denunciantes destacan que el hecho “fue más grave aún” porque en el sumario administrativo que se abrió se lo separa de funciones por dos meses. Asimismo, en la justificación del acto administrativo se “evidencia” que el Interior ordenó a la Dirección Nacional de Inteligencia y la Dirección Nacional de Policía Científica hacer un “seguimiento” al efectivo, es decir, “se dispuso recursos públicos para realizar una vigilancia del dirigente sindical por el solo hecho de desarrollar actividad sindical fuera del horario de trabajo”.

Finalmente, la denuncia dice que le pidieron a la Inddhh que “tomen conocimiento de los hechos” y dispongan medidas necesarias para “amparar el derecho como socio, militante y dirigente” de una organización sindical, “derecho a la sindicalización, derecho a la protección jurídica, tanto sea en el plano de la defensa jurídica del sindicato al que está afiliado, así como en su rol de dirigente en el cargo de secretario nacional de prensa, designado válidamente por la directiva del Sindicato Único de Policías del Uruguay (SUPU) el 15 de diciembre del 2021”.

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