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Ministerio del Interior prohibió ingreso a las cárceles de Nada crece a la sombra
Según el colectivo, la decisión de la cartera “omite y viola” dos convenios firmados y pendientes de ejecución entre los actores.

El primer acuerdo entre el Ministerio del Interior (MI) y Nada crece a la sombra que se vería afectado por esta decisión fue diseñado para realizar talleres educativos en cárceles, por el que Presidencia de la República transfirió $3.620.000 en abril de este año y que permanece pendiente de ejecución a la espera de que el MI “cumpla con las obligaciones” asumidas, de acuerdo con un comunicado de la organización.

Por otro lado, el segundo convenio incumbe al Plan de Salud Sexual y Reproductiva, que garantiza la atención ginecológica integral a todas las mujeres privadas de libertad del país.

El MI “alega haberse expedido ‘respecto al ingreso a las unidades de privación de libertad por parte de ONG y terceros que no poseen convenios o acuerdos vigentes con el Ministerio del Interior o el Instituto Nacional de Rehabilitación (INR)’ y se nos notifica que por eso ‘no se autorizará el ingreso’ de nuestra organización”, reclaman desde Nada crece a la sombra en el comunicado.

Además, se acusa que la decisión de la cartera “supone una irresponsabilidad respecto a la transferencia de fondos públicos” que fueron destinados “para llevar adelante un trabajo que ahora se quiere impedir hacer”. La prohibición al ingreso a las cárceles “vulnera nuestro derecho al trabajo”, agrega el colectivo.

“Por sobre todas las cosas”, profundiza el documento, “esto afecta una política penitenciairia de rehabilitación y se vulnera los derechos de las personas privadas de libertad”, así como también el derecho a la salud de las mujeres privadas de libertad.

Te pido lo siguiente

Ante esta situación e “infructuosos intentos por establecer una comunicación” con las autoridades de gobierno, Nada crece a la sombra enumeró un listado de solicitudes.

Entre ellas, que se les indique cómo la resolución adoptada recae sobre la organización “si plantean que es para organizaciones ‘que no poseen convenios o acuerdos’”, siendo que Nada crece a la sombra tiene los dos convenios mencionados pendientes de ejecución. Reclaman, también, que se les dé orden acerca de cómo se dará el cumplimiento a dichos pactos cuando, al mismo tiempo, se les prohíbe el ingreso a las cárceles.

También plantearon que la cartera les aclare cómo será la ejecución de los más de $3.5 millones —correspondientes a fondos públicos— transferidos de Presidencia a su organización para la realización de los talleres en cárceles.

Por último, desean saber qué actividades educativas suplirán su trabajo, y cómo será tanto la ejecución del Plan de Salud Sexual y Reproductiva como también la debida atención ginecológica a las mujeres privadas de libertad.

Acusaciones previas

Hace tan solo unas semanas, el colectivo en cuestión había sido el foco de un informe del programa Así Nos Va de Radio Carve, donde se investigó un “esquema irregular con contratos en negro y calesitas de dinero”.

Por su parte, Nada crece a la sombra se había manifestado en 2020 en contra de la Ley de urgente consideración (LUC) por las modificaciones que prevé para el sistema carcelario, alegando que “nada” en la ley ya aprobada —y que entrará en referéndum— “apunta a mejorar las cárceles”.

 

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